Plantear una transformación de la universidad ha sido a lo largo de la historia un ejercicio complejo y más cuando en enero de este año, la Asamblea Nacional chavista conformó una comisión que contemplaría la creación una Ley de Educación Universitaria en Venezuela.
La Alianza Nacional Todos por la Educación, una iniciativa de la plataforma de participación juvenil “Gritemos con Brío”, realizó recientemente un conversatorio sobre las perspectivas, retos y amenazas de esa nueva Ley de Educación Universitaria, cuyos ponentes, Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA); Leonardo Carvajal, doctor en educación además de profesor universitario y Karla Velazco, subdirectora de proyectos de ONG “Aula Abierta”, esbozaron las implicaciones que tiene este proyecto legislativo.
Al respecto, los entrevistados aclararon que hasta el presente no cuentan con un borrador o documento oficial del citado instrumento legal.
“Pero el hecho de que se haya creado una comisión para la elaboración de una ley de Universidades es un paso firme hacia ese propósito”.
Coinciden en que una Ley de Educación Universitaria, debe apreciar lo que serían sus competencias, de cara a lo que establece el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Estatutos y reglamentos propios
En todo caso, correspondería partir de la autonomía que como principio está consagrada en la Carta Magna, lo que implica que las universidades no deberían tener una ley que rija sus normas de gobierno y funcionamiento, sino estatutos que puntualicen su propio reglamento.
Al respecto, Mayda Hocevar distingue varios problemas claves: En primer lugar, la actual Ley Orgánica de Educación, sancionada en el 2009, interviene en la autonomía universitaria y confisca las competencias fundamentales de las universidades.
En segundo término, la implantación de casas de estudios paralelas, la cual ha sido tan pronunciada que “en este momento tenemos entre el 90 y el 98% de universidades no autónomas en el país”.
Por otro lado, las convenciones colectivas para regular las relaciones laborales basada en el Plan de la Patria, representan otra flagrante violación de la autonomía universitaria.
“Estamos hablando de leyes que socavan la estructura universitaria, así como de prácticas y políticas que desde hace más de 20 años vienen destruyendo al sector y ha minado sus fundamentos esenciales como la investigación de calidad, la producción de conocimientos, lo cual impacta a la generación de relevo”, apuntó Hocevar.
Prácticas nocivas
Reveló que desde el ODHULA han identificado ciertas prácticas nocivas. A saber, la construcción de un sistema paralelo con fines proselitistas al modelo del Plan de la Patria. La instrumentación del Poder Judicial para intervenir y controlar las universidades. La persecución y criminalización de universitarios por razones políticas y por último, pero no menos importante, la asfixia presupuestaria que representa en términos criollos “un palo cochinero” para el sector, ya que redujo la universidad a un paro técnico.
Considera que tales factores han tenido un impacto significativo en el proceso de investigación de las distintas casas de estudio. De hecho, en el informe “El declive de la ciencia”, elaborado en el 2021, se demostró que la politización en este sector afectó la productividad científica que representaba el 80% de la investigación en Venezuela.
“Las universidades bolivarianas no producen conocimiento. El número de investigadores ha descendido 89% entre el 2016 y el 2019. La cifra de artículos científicos publicados ha bajado 55% desde el 2011 al 2019.
En cuanto a la productividad científica, Venezuela pasó del 5to lugar al décimo puesto en el ranking latinoamericano.
Cuatro elementos peligrosos
Por su parte, el docente Leonardo Carvajal sostuvo que en cualquier proyecto de Ley que pudiera sacar el gobierno, no tiene más remedio “que mirar lo que aprobaron en el 2010 en segunda discusión en la otrora Asamblea Nacional y que fue vetado por el propio presidente Hugo Chávez el 4 de enero de 2011, tras el rechazo expresado por el sector frente a ese instrumento legal”.
Comentó que en el texto presentado anteriormente “había cuatro elementos peligrosos, nefastos y catastróficos” y que se debe estar pendiente por si vuelven a aparecer en cualquier proyecto legislativo. En primer lugar, “se dotaba al ministro de Educación Superior de más poderes que un rey al darle nada más y nada menos que 55 atribuciones. Este es un punto a vigilar”.
Por otro lado, “transformar el Consejo Universitario en un mecanismo de ‘participacionismo barato’ porque ahí iban a entrar los delegados de empleados, obreros, egresados, estudiantes y docentes, y se deja por fuera a los decanos”.
Como tercer punto, “estaba planteada una Asamblea de Transformación Universitaria que en su artículo 91, la composición de ésta era multitudinaria y la iba a determinar el Poder Ejecutivo, es decir, el Ministro de Educación”.
El último tema tenía que ver con otro exceso de control: había cuatro carreras que el Gobierno se reservaría, tales como: Educación, salud, defensa y seguridad ciudadana.
Para Carvajal no hay que perder de vista estos cuatro elementos, los cuales serían temerarios si surgieran de nuevo en cualquier propuesta legislativa que emanase del despacho ministerial o la comisión controlada por diputados oficialistas.
Lo impostergable
Entretanto, Karla Velazco, subdirectora de proyectos de ONG “Aula Abierta” remarcó que es impostergable que el gobierno cumpla el mandato del artículo 109 de la Constitución Nacional, y respete a las universidades que tienen autonomía.
Velazco señala que para hablar de ley de universidades, primero hay que afinar otra política de Estado, pues durante años la vigente ha inducido a la destrucción de las universidades y la violación de los derechos humanos de los y las universitarias (profesores, empleados, obreros y estudiantes) quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
A criterio de la experta, los riesgos de impulsar una nueva ley en el contexto actual podrían concretarse en:
- El control total del gobierno nacional sobre las universidades a través de diversos órganos que se creen en la ley.
- Modificar el concepto de claustro universitario de forma contraria al verdadero espíritu del artículo 109 constitucional.
- La imposición de la concepción del Estado docente, la universidad comunal, así como la eliminación de las diversas y plurales corrientes del pensamiento y subsecuente imposición de una única visión enmarcada en el proyecto socialista.
- El control de las elecciones de las autoridades universitarias para dominar el gobierno universitario.
- La profundización a través del marco normativo de las violaciones contra la autonomía universitaria y los derechos humanos de las y los universitarios dándole piso jurídico a las prácticas y patrones que configuran la política de estado contra las universidades y los derechos humanos de las y los universitarios.
¿Qué podemos hacer?
Leonardo Carvajal apunta que “lamentablemente todos tenemos que correr con las consecuencias de una política abstencionista. No tenemos casi cartas que jugar en el plano legislativo, pues apenas existe un 10% de parlamentarios que no son oficialistas con quienes se podría intentar maniobrar”.
Para Mayda Hocevar, urge modificar la Ley Orgánica de Educación antes de aprobar una Ley de Educación Universitaria.
Además indica que el proyecto de Ley de Educación Universitaria debe respetar los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, adoptados el 9 de diciembre de 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, Karla Velazco recomienda a los sectores involucrados acudir a los órganos internacionales de protección con el fin de denunciar los atropellos.
Cree que en algún momento político, el gobierno podría dar un “madrugonazo” y aprobar la Ley de Educación Universitaria.
Por ello, no debe descartarse una herramienta constitucional como lo es un referendo abrogatorio de esa ley, más allá de buscar una nulidad ante un órgano judicial. “Pero mientras no tengamos proyecto de ley, se debe seguir con las denuncias ante los organismos internacionales y hacer incidencias en los medios de comunicación social para explicar los riesgos que conlleva esta legislación”.
Los tres expertos consultados reconocen la transcendencia de una ley, no obstante, advierten que la intención de elaborar una nueva propuesta legislativa no parte de una necesidad real del sector universitario, sino de un objetivo político del gobierno nacional para intervenir las universidades a través del despliegue de la política de Estado.
Alertan que toda propuesta de Ley de Educación Universitaria emprendida por la Asamblea Nacional oficialista e impulsada por el gobierno, evidentemente simboliza el riesgo de acrecentar los ataques y represalias contra los universitarios, la autonomía universitaria y el control sobre las universidades, desnaturalizando su misión y objetivos.
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