El dirigente político de Primero Justicia, Julio Borges, sostuvo en su artículo en el medio colombiano El Espectador que Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en una franquicia del crimen organizado. Señaló que la economía negra representa el 22% del PIB y aseguró que una nueva clase económica y grupos armados son los que actualmente están ejerciendo el control de esta economía negra.
“De acuerdo con la firma Ecoanalítica, una de las consultoras en materia macroeconómica más prestigiosas de Venezuela, el 22% de Producto Interno Bruto (PIB) venezolano depende de la economía negra. Es decir, de cada 10 millones de dólares que produce nuestra económica, 2 provienen de rentas ilegales que emanan de actividades como el narcotráfico, el contrabando de minerales, la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción”, sentenció.
Destacó que se ha conformado una nueva clase económica conectada a la corrupción de Maduro que es parte de esta economía negra. “Pseudo-empresarios han conformado, a punta de corrupción y lavado de dinero, una burbuja en un pequeño sector de la capital”. También se refirió al narcotráfico y al contrabando de minerales que desarrollan grupos irregulares. “Hablo de grupos como los ex FARC, el ELN y el mismo Hezbollah, que han utilizado a Venezuela no solo como refugio para planificar operaciones de desestabilización de la región, sino también como su centro de enriquecimiento. Estas organizaciones criminales hacen las veces de Estado en muchas regiones de Venezuela, sometiendo a la población a través de la violencia, controlando pasos fronterizos y cobrando vacunas a todos los microempresarios”, destacó.
Aseveró que existe una institucionalidad en Venezuela para promover el crimen organizado. “Existe todo un andamiaje institucional y político que se encuentra postrado a estas actividades ilegales y que no encuentra resistencia por el desmantelamiento de la justicia”. Por último, destacó que el problema del crimen organizado en Venezuela es distinto al de la región. «En la mayoría de los países la institucionalidad lucha contra este fenómeno del crimen organizado, en Venezuela las instituciones lo protegen y más que lo protegen, lo fomentan».