El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) galardonó al periodista y preso político venezolano Carlos Julio Rojas con el premio «Graciela Fernández Meijide», que otorga cada año la prestigiosa organización defensora de derechos humanos de Argentina.
El jurado del premio, integrado por Rubén Chababo, Norma Morandini, Vicente Palermo, Inés Pousadela y Eduardo Ulibarri, se reunió junto a Graciela Fernández Meijide para evaluar las postulaciones recibidas provenientes de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
En el acta de la reunión, el jurado expresó, en un primer momento, y de manera unánime, su alta consideración y reconocimiento a la trayectoria y valentía de todos y cada uno de los nominados, señalando la injusta situación de presidio por la que atraviesan por el solo hecho de defender de manera pacífica los ideales y principios que reglan la vida en democracia.
Luego de la evaluación de las postulaciones recibidas, el jurado decidió reconocer y distinguir, para esta edición 2025 del Premio Graciela Fernández Meijide, a los siguientes nominados:
Carlos Julio Rojas (Venezuela):
Periodista que ha asumido un rol más allá de informar; también el de promover acciones de cambio social y político. A través de su oficio ha buscado concientizar sobre la crisis económica y social que afecta severamente a los ciudadanos de Venezuela, los abusos e ineficacia del poder gubernamental y dar voz a quienes no la tienen en beneficio de su comunidad y el país. Carlos Julio Rojas forma parte del grupo de 894 presos políticos actualmente en Venezuela.
Su oficio, el de periodista, implica un grave riesgo en un país donde existe un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra como las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”.
Carlos Rojas fue detenido el 15 de abril 2024 cuando cuatro hombres encapuchados y vestidos de negro lo detuvieron mientras caminaba con su esposa Francy Fernández cerca de su casa en la parroquia Candelaria, en Caracas. Fue acusado de los presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Rojas estuvo 40 días en situación de desaparición forzada, sin que sus familiares conocieran el sitio de reclusión que finalmente se supo era El Helicoide.
El 22 de enero 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Antes de esta última detención, Rojas ya había sido detenido durante los años 2015, 2017, 2018 y 2020.
Nancy Elizabeth Henríquez James (Nicaragua):
Indígena miskita del Caribe Norte de Nicaragua que desde los años ochenta y siendo niña se sumó a la lucha contra la represión a los miskitos por parte del gobierno de Daniel Ortega. En 1990, logró terminar la escuela secundaria y continuar estudiando Derecho y Teología. En 1992 fundó la Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Caribe (AMICA), primera organización de defensa de las mujeres miskitas. Desde los años 90 empezó a buscar la construcción de alianzas con mujeres indígenas de otros países.
Ha sido parte del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Ha trabajado toda su vida por la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, promoviendo su organización y visibilidad. En 1994 fue electa como la primera mujer alcaldesa de Puerto Cabezas (Bilwi), capital de la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua como parte del Partido indígena Yatama. Siguió defendiendo los derechos de las mujeres y participando en todos los foros posibles para hacer oír su reclamo de más libertad y derechos. Llegó a ser Presidenta y representante del Partido Indígena Yatama, cargo que ostentaba al momento de ser apresada por la dictadura de Ortega-Murillo.
En 2023 fue acusada de “menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas en perjurio del Estado de Nicaragua y la sociedad” en un juicio dentro del penal donde no tuvo acceso a ningún abogado ni ninguna forma de defensa.
Fue condenada a 8 años de cárcel y permanece detenida en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), mejor conocido como «La Esperanza».
Lizandra Góngora Espinosa (Cuba):
Por ser un emblema de la tenaz resistencia de miles de mujeres cubanas que luchan pacíficamente, con valentía y dignidad, por el derecho a la democracia, la justicia y la libertad en la isla de Cuba. Madre de cinco niños, fue arrestada por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, Artemisa. La Fiscalía Militar del territorio mantuvo su caso en un limbo legal hasta mediados de marzo de 2022, cuando divulgó la petición inicial de 15 años de privación de libertad por los supuestos delitos de “sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos”.
Tras ser juzgada, el Tribunal Militar Territorial Occidental la sentenció a 14 años de prisión por los delitos de “sabotaje, robo con fuerza y desorden público”.
En la prisión para mujeres El Guatao, situada en La Habana, Lizandra Góngora realizó huelgas de hambre, siendo recluida muchas veces en celda de castigo. También fue firmante, junto a otras nueve prisioneras políticas, de una carta para pedir al Gobierno cubano que atendiera el reclamo del Vaticano por la libertad de los presos del 11J.
El 31 de marzo de 2023 fue trasladada de El Guatao a Los Colonos, un centro penitenciario ubicado en el municipio especial Isla de la Juventud donde se encuentra ahora más alejada de sus hijos.
Alexander Mario Fábregas Milanés (Cuba):
Por ser un líder valioso y respetado por la ciudadanía cubana, aunque en un estado de terror como el que impera en Cuba, esto no se visibiliza. Parte de su liderazgo se ha puesto en evidencia en el trabajo de captación directa de jóvenes para la resistencia a la dictadura, fundamentando la ilegitimidad del sistema, las violaciones de derechos cívicos y políticos. Ha sido y es un defensor permanente de los presos políticos e incluso dentro de la cárcel donde está recluido, lidera protestas, realizando labores de influencia sobre los demás presos políticos y también con algunos presos comunes detenidos injustamente o que son abusados por sus carceleros.
Fue secuestrado el 27 de julio del 2024 y encarcelado en prisión de máxima seguridad en la provincia de Villa Clara, acusado de “propaganda contra el orden constitucional”. Se consideraron como agravantes dos sanciones anteriores por similares motivos asociados al activismo por los derechos humanos. En juicio amañado la Fiscalía lo acusó de hacer denuncias contra el gobierno, en especial contra el Presidente Díaz Canel. Tres años atrás, el 11 de julio de 2021 ya había sido detenido y encarcelado por el delito de “Instigación a delinquir” por sus arengas y activismo pacífico en las calles. Ambas condenas las ha estado cumpliendo en la prisión de máxima seguridad La Pendiente, en Santa Clara, sin derecho a los beneficios que corresponden por ley.
