Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes «complicidad» por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los abusos cometidos durante «operaciones conjuntas» en el estado Apure.
El 1 de enero de 2022 comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente –una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure.
HRW denunció que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos, entre ellos asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado.
“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”.
Human Rights Watch visitó los departamentos colombianos de Vichada y Arauca en febrero de 2022 y entrevistó a más de 100 personas, incluyendo algunas por teléfono antes y después de las misiones. Los entrevistados incluyeron 43 personas que habían huido de Apure, así como líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
Desde que iniciaron los enfrentamientos entre el ELN y el Comando Conjunto de Oriente el 1 de enero, al menos 3,860 personas se han desplazado internamente en Arauca y más de 3,300 personas han huido de Venezuela a los departamentos colombianos de Arauca y Vichada.
Ambos grupos armados han matado a decenas de personas. Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC. Los miembros del ELN mataron a algunas de estas personas, dijeron testigos, y se llevaron a otras. Algunas fueron asesinadas días después; las familias de muchas otras no saben qué ocurrió con ellas.
El 19 de enero, un carro bomba explotó cerca de un edificio en el centro de Saravena, Arauca, donde tienen su sede varias organizaciones comunitarias y de derechos humanos. Al menos 50 líderes comunitarios locales y defensores de derechos humanos estaban refugiados allí. El Frente 28 de las disidencias, parte del Comando Conjunto de Oriente, reconoció su responsabilidad en el ataque y señaló que el edificio era el “centro de mando urbano” del ELN.
La Policía Nacional de Colombia informó que hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero. Esa es, por lejos, la cifra de homicidios más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde el 2010. Varias fuentes creíbles indicaron que algunas de las personas asesinadas pueden haber sido miembros de grupos armados, pero otras eran civiles. El dramático aumento de homicidios en Arauca este año refleja un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad para civiles, señaló Human Rights Watch.
A ambos lados de la frontera, el ELN y el Comando Conjunto de Oriente también han forzado a numerosas personas a incorporarse a sus filas, incluyendo menores.
El 20 de enero, miembros del ELN irrumpieron en una casa en la zona rural de Puerto Páez, Apure, y se llevaron a la fuerza a una niña de 14 años y a su hermano de 18, dijo un familiar. El 28 de enero, una vecina le dijo a su madre que sus hijos habían sido asesinados durante enfrentamientos con una disidencia de las FARC y le indicó dónde encontrar sus cuerpos. La madre fue a la zona y encontró los cuerpos de sus hijos. Dijo que había muchos más cadáveres allí.
Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han participado en operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y han sido cómplices de sus abusos, dijeron numerosos testigos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 con el mandato de investigar graves violaciones de derechos humanos, debe evaluar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure e identificar la responsabilidad individual de funcionarios de alto nivel, señaló Human Rights Watch.
