El chavismo acude a las urnas este domingo en las elecciones más cuestionadas en los últimos 20 años en Venezuela. Como nunca antes, el régimen construyó un proceso a su medida, con maniobras judiciales, persecución a la disidencia, ventajismo y violación de la Constitución y las leyes, con el objetivo de tomar el control del Parlamento y acabar con la última institución democrática que queda en pie en el país.
A continuación 10 puntos que explican por qué son fraudulentas estas elecciones legislativas:
1. Conformación inconstitucional del CNE
Los rectores electorales fueron designados a dedo por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Nicolás Maduro, contrario a lo que establece la Constitución en su artículo 296, que señala que deben ser designados por la Asamblea Nacional.
Quienes fueron impuestos como rectores del CNE no cumplen con los criterios de independencia, pues están vinculados al chavismo. El más claro ejemplo es Indira Alfonzo, impuesta como presidenta del CNE, quien ejercía como vicepresidenta del mismo Tribunal que la designó, y quien se dedicó a perseguir a opositores cuando fue magistrada.
2. Partidos secuestrados
El Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro intervino las directivas de los principales partidos políticos: Acción Democrática (AD); Primero Justicia (PJ); Voluntad Popular (VP); Copei; Bandera Roja; Acción Ciudadana en Positivo (Acep); y Min-Unidad.
También fueron intervenidos los partidos políticos Compromiso País (Compa), Patria Para Todos (PPT); Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y Tupamaros, aliados históricos del chavismo, pero que en esta oportunidad decidieron romper con Maduro, lo cual deja ver que el régimen no solo atenta contra la oposición sino también contra disidentes de sus propias filas.
El Tribunal le entregó a colaboradores del régimen la potestad legal para postular candidatos por esos partidos. Es decir, el 6 de diciembre estarán las boletas de esos “partidos opositores” pero con candidatos chavistas disfrazados como opositores.
3. Inhabilitaciones y persecuciones
No se respeta el derecho a elegir y ser elegido. Los principales líderes políticos opositores no pudieron postularse como candidatos, pues están inhabilitados y perseguidos. Tal es el caso de Juan Guaidó, Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López o Julio Borges. Ahora mismo, ningún candidato de la farsa electoral es realmente opositor.
4. No habrá observación internacional
La Unión Europea envió una delegación a Caracas en el mes de septiembre para intentar acordar con el régimen condiciones mínimas para el proceso. Ante la negativa de Maduro, la UE determinó que no hay condiciones democráticas para unas elecciones en Venezuela y por lo tanto no enviará una Misión de Observación Electoral.
Tampoco lo harán la ONU ni la OEA. Sí habrá “acompañantes” o “veedores”, figuras creadas por el régimen para invitar a sus aliados internacionales, que no van a verificar la transparencia del proceso, sino que van a hacer presencia política simbólica.
5. Manipulación de las leyes electorales.
El CNE ilegítimo alteró la conformación del Parlamento. Violando la Constitución y las leyes, aumentó la cantidad de diputados a ser electos en un 60%, pasando de 167 diputados a 277, asignando más cargos a elegir en localidades pequeñas pero que históricamente han favorecido al chavismo, para así asegurarse más diputados.
6. Eliminación del voto secreto y directo indígena.
El nuevo CNE, manejado a discreción por Maduro, decidió que las circunscripciones indígenas voten, literalmente, a mano alzada. Esta acción rompe por completo con lo establecido en la Constitución de elecciones directas, secretas y universales.
7. Coacción.
En Venezuela el voto es voluntario, no una obligación, y dado que las encuestas estiman que 80% de los venezolanos no participarán el 6 de diciembre por ser un proceso viciado, el chavismo han emprendido una estrategia de coacción y amenazas contra la población para obligarlos a acudir y que voten por los candidatos del PSUV.
Diosdado Cabello, amenazó diciendo que “el que no vote, no come”, en un país con 10 millones de personas en inseguridad alimentaria, según la ONU, y en el que el régimen controla la distribución de alimentos. También la candidata y exministra, Iris Varela, ordenó que «el que no vote, que lo boten», en referencia a los empleados públicos.
Maduro ha anunciado que los militares buscarán en su casa a los ciudadanos para llevarlos a votar, con la excusa de “garantizar medidas de bioseguridad”.
8. Padrón electoral.
De acuerdo con proyecciones poblacionales conservadoras se estima que 1,5 millones la cantidad de jóvenes que cumplieron 18 años no han tenido la oportunidad de inscribirse en el Registro Electoral. A su vez, se calcula que al menos 3,8 millones de venezolanos en edad de votar se encuentran en el extranjero y deben habilitarse los mecanismos para su inscripción o actualización en el Registro Electoral. Sin embargo el régimen no lo permitió. Se trata entonces, de más de cinco millones de venezolanos que no pueden votar.
9. Auditorías.
El sistema técnico que se usará en esta elección es nuevo, y no se conocen detalles de su contratación. No hubo transparencia en el proceso, no se conoce quién es su proveedor ni tampoco existe la posibilidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva a todos los componentes de las máquinas de votación.
10. Irrespeto por la voluntad popular.
A partir de 2015, cuando la oposición ganó 2/3 de la Asamblea Nacional y el chavismo se vio en clara minoría, se dedicó a irrespetar la elección de los ciudadanos, buscando eliminar uno por uno a los diputados opositores.
Veintiocho diputados han sido objeto de medidas inconstitucionales emanadas del TSJ y la ilegítima constituyente chavista, para despojarlos de su inmunidad parlamentaria, mientras otros cuatro parlamentarios han sido detenidos y sometidos a desapariciones forzosas, tortura y malos tratos.
