Este miércoles 12 de abril el régimen de Nicolás Maduro anunció el fallecimiento a los 63 años de la ministra Tibisay Lucena, quien entre 2006 y 2020 fue la ejecutora de los procesos electorales que permitieron al chavismo perpetuarse en el poder.
Durante los 14 años que estuvo al frente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Lucena dirigió 18 comicios, varios de ellos señalados de fraudulentos por la oposición y la comunidad internacional.
Su gestión se caracterizó por poner el ente comicial al servicio del chavismo, contribuyendo así a la destrucción de la confianza en el sistema electoral y con el socavamiento de la democracia venezolana, lo que la llevó a ser sancionada por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países del mundo.
A continuación algunas de las violaciones e irregularidades electorales cometidas durante la presidencia de Tibisay Lucena en el CNE, que fueron denunciadas por la oposición venezolana y organizaciones de contraloría electoral, como Súmate, en sus 14 años de gestión:
Alteró resultados y no fue transparente:
- Rechazó la auditoría solicitada por el candidato Henrique Capriles Radonski para comparar las actas de escrutinio, cuadernos de votación y papeletas tras las irregularidades denunciadas en las elecciones presidenciales de 2013, en las que el CNE dio ganador a Maduro por una diferencia de menos de 250 mil votos.
- El 30 de agosto de 2017 el CNE realizó las elecciones para escoger los miembros de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente chavista, impuesta por el régimen de Nicolás Maduro para socavar la autoridad del Parlamento opositor. La oposición llamó a abstenerse y boicotear la elección. Tras la jornada, Tibisay Lucena anunció que la participación fue del 41,53%. Sin embargo, la empresa Smarmatic, responsable hasta ese entonces de la asistencia técnica en el proceso electoral, denunció que el resultado «fue manipulado» para abultarlo. «Calculamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos», dijo el responsable de la compañía, Antonio Mugica.
- Unos meses después, el 15 de octubre de 2017, se realizaron elecciones regionales en las que se manipuló el resultado de los comicios en el estado Bolívar, donde había resultado ganador el candidato opositor Andrés Velásquez. Del portal del CNE fueron retirados los resultados que confirmaban la derrota del chavismo, y las actas de totalización fueron alteradas para proclamar a Justo Noguera como vencedor, en representación del PSUV.
Se articuló con otros poderes para vulnerar derechos políticos:
- En 2014, en componenda con el régimen de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional chavista y el Tribunal Supremo de Justicia, convocó elecciones sobrevenidas para alcaldes de los municipios San Diego, en el estado Carabobo, y San Cristóbal, en el estado Táchira, como parte de una acción sincronizada para destituir y encarcelar a los opositores Enzo Scarano y Daniel Ceballos.
- Aplicó la ilegal e inconstitucional decisión administrativa de la Contraloría General de la República de inhabilitar a dirigentes opositores para ocupar cargos públicos, entre ellos María Corina Machado y Leopoldo López, violando los artículos 5, 42, 63 y 64 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Suspendió en octubre de 2016 la solicitud del Referendo Revocatorio contra Nicolás Maduro, acatando decisiones de tribunales penales de primera instancia, sin ejercer la consulta ante ninguna instancia superior.
- Impuso un mecanismo de validación de los partidos políticos casi imposible de cumplir, que redujo de 64 a solo 22 las organizaciones políticas legalizadas ante el CNE.
Manipuló el cronograma electoral a conveniencia del régimen:
- Concedió un período adicional de 4 años a los miembros de los Concejos Municipales, al no convocar a su elección en agosto de 2009, que finalmente fue pospuesta para 2013, violando los artículos 175 de la Constitución y 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
- Otorgó un año de gracia a los alcaldes electos en 2008, que debieron renovarse en 2012, pero finalmente las elecciones se realizaron en 2013, violando los artículos 174 constitucional y 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
- No convocó a las elecciones parciales de Diputado Nominal en la circunscripción 11 del estado Zulia (Municipios Lagunillas, Valmore Rodríguez, Baralt y Simón Bolívar) en 2014, al producirse vacante absoluta.
- Eliminó las elecciones al Parlamento Latinoamericano en 2015, en contra de lo que establecen los artículos 63 y 293 de la Constitución, 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), 41 y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
- Concedió un año de gracia a los gobernadores que debían ser renovados en 2016, al aplazar las elecciones regionales para octubre de 2017.
- Convocó anticipadamente para mayo las elecciones presidenciales correspondientes para diciembre de 2018.
Manipuló el padrón electoral:
- Autorizó cambios en el Registro Electoral cuando ya había cerrado para las elecciones regionales de 16 de diciembre de 2012 y las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, violando flagrantemente los artículos 35 y 40 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
- Manipuló la proyección poblacional para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 para el establecimiento de la Tabla de Cargos y las Circunscripciones Electorales de la Asamblea Nacional (AN), con el fin de beneficiar al PSUV.
- Migró inconsultamente a más de 700 mil venezolanos de sus centros 48 horas antes de la elección e inclusive el mismo día de los comicios, en las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 en el estado Miranda.
No garantizó elecciones justas y equilibradas:
- Permitió y justificó el ventajismo electoral durante todos los procesos electorales que convocó desde 2006 hasta la fecha. El chavismo hizo uso de los recursos y bienes del Estado, en especial de la plataforma de medios de comunicación públicos, con transmisiones especiales y cadenas de radio y televisión presidenciales para promover a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los de la alianza Gran Polo Patriótico (GPP).
- Permitió la coacción y chantaje a empleados públicos y beneficiaros de programas sociales que eran obligados a votar con el acompañamiento de dirigentes del PSUV o intimidados por medio del carnet de la patria.
