La agencia Standard & Poor’s (S&P) informó que ha colocado sus calificaciones soberanas de largo plazo de ‘B’ de Bolivia en «revisión especial con implicaciones negativas» por las presiones sobre las reservas internacionales del país, que han disminuido.
En un comunicado de prensa S&P también confirmó las calificaciones crediticias soberanas de corto plazo de ‘B’ para Bolivia y que la evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad «se mantiene sin cambio en ‘B'».
La agencia explicó que el estatus de «Revisión Especial» o «CreditWatch» con implicaciones negativas «refleja el riesgo» de que baje la calificación «debido a un potencial incremento de la vulnerabilidad externa dada la pérdida de reservas internacionales en curso y un empeoramiento del perfil externo del soberano».
«La incapacidad de restaurar la confianza del público de manera oportuna, podría dar como resultado en una disminución continua de las reservas internacionales, lo que podría debilitar aún más la liquidez externa», indica la nota.
También recordó que el tipo de cambio en el país está fijo desde 2011, lo que «desempeña un papel clave en el anclaje de las expectativas y el mantenimiento de la estabilidad económica», aunque también «ha limitado la flexibilidad política» del Gobierno boliviano.
S&P señaló que podría mantener la calificación crediticia en su nivel actual «si el Gobierno tomara las medidas para reforzar la credibilidad en las políticas, conteniendo así el riesgo al perfil externo del país».
«La implementación de medidas para obtener un mejor y más oportuno acceso a fuentes externas de liquidez y para corregir grandes desequilibrios fiscales y reducir las elevadas necesidades de financiación podrían aliviar la reciente incertidumbre del mercado. La renovada confianza del público podría ayudar a estabilizar la calificación», agregó.
Expresó su confianza en que el estatus de Revisión Especial se resolverá «dentro de los próximos tres meses».
S&P señaló que la calificación ‘B’ de Bolivia refleja «crecientes vulnerabilidades fiscales y externas», pues pese al incremento del valor de las exportaciones, se estima que la cuenta corriente del país «registró un déficit de 1,6 %» en 2022 y se mantendrá en un nivel similar este año por el aumento de las importaciones de combustible y la «reducida capacidad de exportación del sector del gas».
Además se refirió al descenso de las reservas internacionales bolivianas, de 4.700 millones de dólares a principios de 2022 a 3.500 millones a principios de febrero, además del cambio en su composición.
«El respaldo a la liquidez externa que proviene de las reservas de oro es incierto ya que existen limitaciones legales a la venta de dichos activos», indicó la agencia y reconoció que si bien el Gobierno ha tratado de cambiar esta regulación, el «desacuerdo político» dentro del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) «ha retrasado su aprobación».
Estas divisiones dentro del MAS también tienen bloqueada la aprobación de créditos en el Parlamento, donde está pendiente el tratamiento de propuestas de préstamos multilaterales y bilaterales por unos 800 millones de dólares que «ayudarían a estabilizar las reservas de divisas en los próximos meses».
«Estos desafíos políticos aumentan el riesgo de que la liquidez externa se deteriore más en un contexto de condiciones restrictivas del mercado externo y de necesidades de financiamiento del gobierno todavía altas», agregó.
S&P también se refirió a las acciones del Banco Central de Bolivia (BCB) para mantener el tipo de cambio ante la creciente demanda de divisas en las últimas semanas, como la reducción de los encajes en moneda extranjera en el sistema bancario y la venta directa de dólares.
«El costo de las medidas en términos de activos externos es incierto, ya que el banco central dejó de publicar información sobre las reservas internacionales el 8 de febrero pasado», subrayó.
Por otra parte, indicó que si bien el déficit fiscal se redujo de 13 % en 2020 a 6 % en 2022, «es probable que se mantenga por encima de 5 %» este año, lo que «mantendría la deuda neta del gobierno general por encima de 60 % del PIB en los próximos dos años y la carga de intereses justo por encima del 5 % de los ingresos».
La calificadora Fitch Ratings otorgó en su reciente informe a Bolivia una calificación de riesgo de B a B-, de estable a negativa, que «refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa» lo que ha incrementado la «incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos».
EFE