La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana rechazó la detención de ocho miembross de la asociación civil Acción Solidaria, y el ilegal allanamiento realizado en contra de su sede en Caracas por funcionarios de las FAES.
«Estas acciones coartan la libertad operativa de los actores humanitarios en el país y los colocan como objetivos de persecución y amedrentamiento«, expresó la CEV.
Además, solicitó al régimen de Nicolás Maduro «no criminalizar las actividades apegadas a los principios humanitarios y al derecho humanitario internacional, ni afectar los bienes dirigidos a mitigar las necesidades de auxilio en los ámbitos de salud, alimentación, agua y otros esenciales servicios para la vida de los más de 7 millones de personas vulnerables en el país».
La Iglesia católica venezolana exigió el esclarecimiento total del irregular procedimiento realizado en contra de Acción Solidaria.
«Reiteramos la solicitud de reconocimiento que merece la labor de todos los ciudadanos que trabajan hoy ofreciendo ayuda humanitaria, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas en dificultades», indicó la CEV.