Los jefes de Estado de Francia, Emmanuel Macron, y Alemania, Angela Merkel, condenaron la expulsión de sus diplomáticos de Rusia por acudir a las protestas opositoras en apoyo a Alexei Navalny.
El presidente francés repudió con “la mayor firmeza” el hecho. “Sobre el caso Navalny, como ya he dicho, condeno con la mayor firmeza posible lo que ha sucedido, desde el envenenamiento hasta (…) la condena, y ahora la expulsión de los diplomáticos alemanes, polacos y suecos, que fue decidida por Rusia”, dijo en una conferencia de prensa.
Por su parte, Merkel calificó de “injustificada” la decisión del gobierno ruso y sostuvo que “aleja” a Moscú de los principios del estado de Derecho. La canciller alemana se manifestó sobre el anuncio de Moscú durante una videoconferencia de prensa conjunta con el propio Macron al término de un consejo bilateral de Defensa entre Alemania y Francia.
Poco antes, el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, se había expresado en términos similares y advirtió de que habría una respuesta si Moscú no modifica su decisión. “La decisión de Rusia de expulsar varios diplomáticos de la Unión Europea, entre ellos un funcionario de la embajada alemana, no tiene justificación alguna y enturbia las relaciones de Rusia con Europa”, dijo Maas.
Según Maas, el diplomático alemán afectado tan solo cumplió su tarea de informarse de lo que está ocurriendo en su país de destino a través de medios legales.
Este viernes, Rusia declaró persona non grata a tres diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia por acudir a las protestas antigubernamentales en apoyo de Navalny, según informó el Ministerio de Exteriores ruso.
El ministerio de Exteriores convocó a los embajadores de estos tres países para expresar su “protesta” a raíz de la participación de funcionarios de los consulados de Suecia y Polonia en San Petersburgo, y de la Embajada de Alemania en Moscú el pasado 23 de enero. Asimismo, subrayó que se trata de acciones “inadmisibles que no se corresponden con su estatus diplomático”.
Moscú llamó a los diplomáticos de los tres países europeos a atenerse “estrictamente” a las normas del derecho internacional.